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TRIBUNALES

Mariví Pinilla elige la cárcel de Pamplona para cumplir los 11 años de condena

La exalcaldesa de La Muela ha apurado al máximo el plazo dado por la Audiencia de Zaragoza para escoger la prisión en la que ingresar

ARAGÓN NOTICIAS/ AGENCIAS /
Pinilla, a su llegada a la Audiencia el pasado viernes 29 de abril, junto a su abogado, Santiago Palazón.
icono foto Pinilla, a su llegada a la Audiencia el pasado viernes 29 de abril, junto a su abogado, Santiago Palazón.

La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, ha elegido la cárcel de Pamplona para cumplir la condena de 11 años y cuatro meses de prisión que le fue impuesta como autora responsable de diversos delitos de corrupción política mientras era regidora del municipio zaragozano. 

Pinilla ha apurado al máximo el plazo de siete días concedido por la Audiencia de Zaragoza para decidir en qué prisión cumplirá su condena. Ha sido este martes cuando ha confirmado que lo hará en Pamplona en la última semana del mes de mayo. 

Mientras tanto, su representante legal, el letrado zaragozano Santiago Palazón, está a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional al recurso que interpuso contra la sentencia condenatoria del Supremo por violación de los derechos legales de su clienta en relación a las escuchas telefónicas que fundamentaron el caso.

En concreto, este letrado aguarda una respuesta del Constitucional a su petición de suspensión cautelar del ingreso en prisión de Pinilla mientras se acuerda la admisión a trámite o no de su recurso. Al parecer, la Secretaría de Justicia del Constitucional ha hecho acuso de recibo de los dos escritos remitidos por el abogado, que confía en obtener una respuesta a su petición en breves fechas.

La sentencia original de la Audiencia de Zaragoza, que condenó a la exalcaldesa a 16 años de cárcel y 8,4 millones de multa, fue rebajada por el Supremo a 11 años y 6,5 millones tras absolverla de algunos delitos que le fueron imputados en primera instancia.

En concreto, el alto tribunal ratificó los delitos de malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, fraude y delitos fiscales pero rechazó los de tráfico de influencias y fraude de subvenciones y el de fraude a la administración en una de las operaciones de la causa.

A juicio de lo manifestado entonces por los magistrados del Supremo, es "indiscutible" que el sistema democrático se resiente cuando quienes alcanzan cargos públicos, por elección o por nombramiento, "emplean para el lucro personal, de la clase que sea, las potestades y poderes que se les confieren para la satisfacción del interés general".