Las listas de espera enfrentan al Gobierno y al Partido Popular en las Cortes

El Partido Popular ha preguntado a Sira Repollés sobre el programa llevado a cabo por el departamento de Sanidad para reducir las listas de espera. Los populares han valorado, durante la sesión plenaria de este jueves en las Cortes de Aragón, que no se han cumplido los objetivos. Según el PP, en un año el número de pacientes pendientes de una operación apenas se ha reducido en 60 personas. La consejera Repollés ha reconocido que el impacto de la pandemia en esas listas ha sido nefasto, pero confía en que en junio de 2023 las cifras sean muy similares a las que se registraban antes de la pandemia.

La portavoz adjunta del PP, Ana Marín, ha recordado a Repollés que todas las comunidades autónomas, sin excepción, y todos los países han tenido la COVID, pero le ha afeado que en Aragón se siguen "liderando las listas de espera en demora, tanto quirúrgicas como diagnósticas, de toda España". Críticas a las que la consejera de Sanidad ha respondido exponiendo datos: "El 31 de octubre se ha cerrado con casi 3.700 pacientes menos que en agosto de 2020 y la demora media está en 144 días, casi 40 días menos que a principios de año".

De pobreza energética también se ha hablado en este pleno. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha informado sobre "las acciones del Gobierno para aliviar la situación de los hogares aragoneses en situación de pobreza energética", a petición de Ciudadanos. La diputada de la formación naranja, Loreto Camañes, denuncia que la brecha de desigualdad "sigue creciendo" y pide "no invisibilizar la pobreza energética" porque el incremento "desmedido ha afectado a la economía de todos y muchas familias se están quedando fuera". 

En ese sentido, Broto ha anunciado la puesta en marcha de "una asesoría energética para hogares que facilitará información a los consumidores para optimizar su gasto". Además, defiende que el bono social eléctrico beneficia a más de 30.000 personas. La consejera ha recordado que el Gobierno de Aragón no tiene capacidad de actuación sobre el precio de la luz, así como algunas de las medidas "transversales" puestas en marcha para luchar contra la pobreza energética, como la ampliación de tres a siete millones de presupuesto en 2021 para hacer frente al bono social térmico.