Lambán reclama atención al envejecimiento y la dispersión

Los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Aragón han firmado este martes en Santiago de Compostela un documento en el que reclaman una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta las características propias de sus territorios. 

Un acuerdo de 35 puntos alcanzado por ocho presidentes autonómicos de tres formaciones políticas distintas, algo que para el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, supone una "excelente noticia" que demuestra como perfectamente posible el hacer política en pro de la construcción de España como “un gran proyecto nacional”, rechazando “el frentismo” y la progresiva “atomización” que, a su juicio, vive el Congreso y al que, ha advertido, le espera la irrupción de lo que ha dado en llamar “cantonalismos”.

En ese sentido, Lambán ha destacado el valor de los debates abordados en la reunión mantenida este martes sobre la despoblación y la financiación autonómica. A su entender, “dos caras de la misma moneda” en la que la primera de ellas requiere una “actuación decidida” del Estado y los poderes públicos mediante el impulso, no de “fórmulas mágicas” sino de “políticas concretas”, como “una buena financiación de los servicios públicos”.

Por ello, ha alertado de que si no se financiasen convenientemente pilares como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que ahora mismo presentan un “crecimiento exponencial”, las comunidades autónomas se verían abocadas a la “inviabilidad”. 

Ante ese peligro, Lambán ha reclamado que a esta cuestión se le otorgue el mismo tratamiento que se le viene dando a la sostenibilidad de las pensiones, porque se trata, ha remarcado, del “modelo de país que queremos para el futuro”.  

El suyo pasa porque España sea “exactamente la misma” y sea disfrutada “de la misma manera” independientemente de la región donde se viva. Pero para ello, según ha recalcado, resulta esencial que se tenga en cuenta que la prestación de servicios públicos en zonas de baja densidad de población o una población envejecida es mucho más cara por persona que en lugares con una población más joven o con densidades de población mucho más elevadas”, ha apuntado.