Sanidad admite fallos en la tramitación de una petición de eutanasia

La Consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido que hubo errores en la tramitación de una petición de eutanasia en Zaragoza. La Asociación Derecho a Morir Dignamente, denuncia que la tardanza en cursar la solicitud, provocó que la mujer afectada, de 83 años de edad, acabara suicidándose. La mujer residía en el barrio zaragozano de Las Fuentes y permanecía postrada en una cama después de que se complicara su situación por una luxación de cadera congénita que le producía dolores cada vez más insoportables. 

Por todo ello, la mujer pidió que se le aplicase la eutanasia a principios de julio, solo unos pocos días después de la entrada en vigor de la ley que la regula. Pero, según denuncia la Asociación Derecho a Morir Dignamente, su solicitud no se tramitó por la objeción de su médico de cabecera. Según Consuelo Miqueo, portavoz de esta entidad, "su médico de cabecera se asustó y lo rechazó absolutamente". Asegura que la situación de la mujer "era un vivir insoportable, tenía dolor constante, un sufrimiento constante. Todo le rozaba, las costuras le hacían daño, eso no lo podía controlar". Por todo ello, asegura, no quería vivir "en la cárcel que era su cuerpo". 

Según esta asociación, otros responsables del centro de salud de Torre Ramona "obviaron después los procedimientos exigibles y se negaron a recoger la solicitud". El responsable del centro, Luis Otegui, defiende la actuación: "No hay ninguna cita del coordinador con la familia, ni con la paciente. Los primeros que también hemos sentido mucho  dolor por esta situación, y lo podemos considerar un fracaso, es el personal del centro de salud, pero todo lo que se hizo fue de acuerdo a lo que en ese momento se tenía que hacer".

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, admite que el error ha estado en la lentitud para designar un segundo médico. Añade que vigilarán para que se cumplan los plazos de la ley de la eutanasia. "El fallo está en el retraso en el procedimiento de adjudicar un medico responsable al que solicita esa prestación  cuando su médico responsable se declara objetor". Admite que "la organización tiene la obligación de, en tiempo y forma, adjudicar otro profesional. Allí es donde hemos fallado". Ante todo ello, no obstante, señala que "se han depurado responsabilidades y, como no puede ser de otra manera, seguiremos vigilantes". 

Desde el colectivo médico, mientras, algunas voces instan al Gobierno de Aragón a que desarrolle un procedimiento legislativo que ampare a los facultativos ante la Ley de la Eutanasia. Para la secretaria general de CESMA Aragón, Mercedes Ortín, es necesaria, cuanto antes, una norma que regule esta ley por el bien de los ciudadanos y para proteger a los médicos que se acojan a la objeción de conciencia.