El Estatuto de Aragón mira al futuro en su 40 aniversario

Abril de 1978. Acababa de ser elegido presidente de la Diputación General de Aragón don Juan Antonio Bolea Foradada, y echaba a andar un nuevo Aragón.

En la calle se respiraba un ambiente social y cultural más reivindicativo. Los aragoneses reclamaron la autonomía y los políticos comenzaban una compleja tarea: consensuar y aprobar el Estatuto. Había que redactar los derechos y deberes de los aragoneses, qué competencias tendría la Administración o cómo debían ser las relaciones con el Estado y la financiación.

Tras su aprobación en el Senado, el 10 de agosto de 1982, el rey Juan Carlos firmó el documento y, unos días más tarde, entró en vigor. Se contó a los más pequeños cómo iba a cambiar la Comunidad y se animó a los ciudadanos a que acudieran a las urnas.

Con esta norma, Aragón poco a poco empezó a tomar decisiones sobre cómo organizar la educación, la sanidad, la agricultura, la justicia... para atender a las necesidades de un territorio disperso y despoblado.

Desde que nació el estatuto, hace ahora cuatro décadas, se ha modificado en cuatro ocasiones. La última, en junio de este año, para eliminar los aforamientos de diputados y miembros del Gobierno. Y una de las de más calado fue la de 2007. Recogía el derecho a tener compensaciones por las mermas tributarias, velaba para evitar la transferencia de aguas o permitía la creación de la policía autonómica.

40 años de una historia reciente con más autogobierno y más autonomía. Ahora, el estatuto comienza un nuevo camino, el de dibujar un Aragón que mire a la realidad social y económica de nuestros tiempos.