Cáritas alerta del aumento de la exclusión en Aragón por la falta de vivienda y la situación administrativa irregular

Cáritas Zaragoza ha presentado las conclusiones de su memoria anual que refleja como las dos grandes preocupaciones de las personas vulnerables la situación administrativa de muchas de ellas y la precariedad en el acceso a la vivienda. En 2025, concedió más de cinco millones de euros en ayudas a través de sus sedes en Zaragoza, Teruel, Huesca y Barbastro, la mayor parte, destinadas a cubrir necesidades básicas de alimentación, aunque han incidido en que cada año aumentan las peticiones para alquiler.

Mujer de entre 26 y 45 años, desempleada, extranjera y en situación administrativa irregular es el perfil más habitual de las personas acompañadas por Cáritas el año pasado. El director de Cáritas Diocesana, Carlos Gómez Bahillo, ha puesto el foco en las políticas públicas: "No digo que sea por mala fe, pero no cubren las necesidades básicas de colectivos de población importante".

El grueso de las ayudas económicas las conceden para cubrir necesidades básicas, aunque crecen las destinadas a vivienda. La mayoría reside en habitaciones alquiladas o realquiladas, como ha explicado Isabel Ramos, la secretaria general de Cáritas Huesca: "Vemos situaciones de hacinamiento, viven muchas personas en la misma vivienda, familias viviendo en un comedor y durmiendo en un sofá".

Cáritas está recogiendo firmas para modificar la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital. Denuncia que no funciona: en 2020 la cobraban alrededor de 45.000 personas; el año pasado, 54. Entre los colectivos afectados, las personas que salen de prisión.

"Una persona que sale después de dos, cinco o 10 años de prisión necesita unos apoyos, muchos se movilizan para buscar empleo, pero no puedes hacerlo desde la calle, durmiendo en malas condiciones o comiendo mal", ha apuntado Marisol Alviño, trabajadora social de Cáritas Zaragoza.

En la presentación de su memoria, Cáritas ha defendido la regularización extraordinaria de personas migrantes como una cuestión "de justicia social". 

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